Por Carlos Valdés Martín
Resulta increíble que Pemex no utilizó su seguro multimillonario de Responsabilidad Civil en la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo. A primera vista resulta increíble que al contar Pemex con un sofisticado programa de Aseguramiento Integral, contratado por obligación legal hasta la fecha resulta una herramienta oxidada ante la mayor tragedia petrolera del Sexenio. Una tragedia humana en la historia de la industria petrolera que únicamente se equipara con el accidente de San Juanico, Tlalnepantla.
Las enormes cifras de protección y el monto del Seguro
Según información periodística Pemex cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil por quinientos millones de dólares, que llevado a pesos nos apunta a la friolera de una Suma Asegurada de 10,000’000,000 de pesos.[1] La Responsabilidad Civil es el concepto que cubre a los terceros por actividades e instalaciones inherentemente peligrosas como son la extracción, conducción y refinación de combustibles que realiza Pemex.
¿Las actividades de Pemex son peligrosas? Lo son en general. ¿El tendido de ductor implica un peligro latente para las poblaciones por donde pasan las tuberías? Hay peligro de manera constante.
El agravante y las quejas legales
La evidente acción ilegal de ordeñar ductos llamada el huachicoleo, es evidente que creó un peligro fuera de lo común. Sin contar con los textos, los contratos de seguros de Pemex cuentan con la fama de una gran amplitud y abarcar las más inusuales situaciones. Siendo que daño por huachicoleo era ampliamente conocido desde años anteriores resultaría sorprendente que no se hubiese contratado protección para el caso.
Por su parte los abogados que representan a un grupo de familiares de las víctimas se quejan de revictimización y de maniobras de la paraestatal, lo cual deja sin utilización los beneficios potenciales de contar con un seguro de enormes alcances. Sin elementos para saber si los abogados cuentan con razón, simplemente consideramos el lado técnico y humano de esta tragedia.
El problema del delito inherente
Hasta donde sabemos hubo un delito en el origen de la tragedia, pues la presencia masiva de pobladores se relaciona con la extracción ilegal de hidrocarburos, llamada huachicoleo. El cometer un delito sí implica la pérdida de beneficios del seguro, sin embargo, esto no es automático, sino que requiere de un análisis y un dictamen detallado. Lo mismo se debe comentar respecto de la realización intencional de acciones temerarias. En cualquiera de los dos casos, para el dictamen del seguro se requiere de un estudio detallado.[2]
Ahora bien, por lo que sabemos la presencia masiva de personas en un sitio no resulta fácil de reducir a una causa única. Asimismo, otros factores dificultan el análisis, tales como la inacción de los elementos de seguridad que debían acordonar el sitio, así como la supuesta complicidad de “redes de corrupción” que facilitan el robo de combustible. Hay testimonio también de menores de edad y personas que demuestren una vida honesta antes del infortunado accidente. Una tragedia tan grade no se presta a conclusiones sencillas.
Las indemnizaciones modestas sin utilizar el seguro
A la fecha el Gobierno Federal ha dado un apoyo a las víctimas que resulta mínimo en sus indemnizaciones, por ejemplo, se reportan quince mil pesos para huérfanos. Sin entrar en detalles, señalaremos que lo correspondiente a indemnizaciones procedentes por los Seguros, según las leyes aplicables, son muy superiores. Esta situación ya está en los tribunales y serán diferentes instancias judiciales las que definan si las víctimas (hay lesionados directos, familiares y desaparecidos) recibirán dinero por el Seguro o todo se quedará en aportaciones del Gobierno Federal, como ha sido hasta ahora.
Gran oportunidad
La existencia de grandes programas de seguros institucionales es una herramienta poderosa para gestionar mejor los recursos del Estado. En especial, las coberturas de Responsabilidad Civil generan un “paraguas” de protección que facilita el cumplimiento de las obligaciones. Las obligaciones de cumplir la ley son más rigurosas para los daños que causa el Estado (aquí considerados los daños de manera no intencional y fortuita) a los terceros. El particular que daña sin intención a un tercero argumentará que cumple hasta donde sus recursos le alcancen, sin embargo, el Estado no puede pretextar la falta de recursos, cuando está obligado a asegurarse para racionalizar sus responsabilidades.
Con el acceso a grandes programas de aseguramiento, el Estado (en sus diferentes niveles) tiene las mejores posibilidades de administrar sus riesgos y generar transparencia ante la población afectada por diversas adversidades.[1] Según el periódico La Jornada de Hidalgo “En la póliza con número 3931700003733, “con la venia del gobierno, Mapfre simplemente vio pasar los muertos”, refirió Alberto Guerrero Rojas, presidente de ONRE, quien detalló que es hasta la tercera instancia que dio un giro el caso, pues el décimo primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que el juzgador de origen (la primera instancia) tiene que aceptar la demanda que pone en juego 500 millones de dólares, monto de la póliza del seguro.”
[2] Respecto de lo cual se señala: “Dentro de ese supuesto se consideran diferentes criterios de cobertura, que debieron solventarse sin que el gobierno tuviera que destinar recursos para gastos de emergencia, costos judiciales, atención médica por lesiones físicas o daños psicológicos, así como la pérdida neta definitiva.” Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2216.
